Derechos Intelectuales 24 Tomo I
Al revisar los artículos del número 24 de “Derechos Intelectuales”, nuestra publicación insignia, me vienen a la mente las siguientes palabras: Juventud y democracia. Juventud, porque la mayoría de los artículos que contienen los dos tomos fueron elaborados por miembros jóvenes de la asociación que con su curiosidad e interés nos ilustran en estas páginas sobre los diversos temas que les preocupan. Democracia, porque los ensayos que se publican en esta obra tratan casi todo el espectro de la propiedad intelectual desde temas clásicos como la protección a las marcas y el derecho de autor hasta la inteligencia artificial pasando por los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos, el derecho a la magen personal, el uso de la mediación para procesar delitos contra la propiedad intelectual y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si la base de los estados democráticos es la seguridad jurídica y la existencia de unas reglas de derecho claras, todos nuestros colaboradores nos ayudan a entender mejor las regulaciones vigentes en materia de propiedad intelectual.
- Elisabeth Siemsen
Este artículo inicia con una breve reseña histórica sobre la creación de la Organización Mundial del Comercio, la Carta de la Habana y la Ronda de Uruguay. En una siguiente etapa desarrolla la regulación de las indicaciones geográficas en el marco del Acuerdo de ADPIC, así como en otros instrumentos internacionales como el Convenio de la Unión de Paris, el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro Internacional, y el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos. Finalmente, analiza el supuesto de excepción contenido en el artículo 24, párrafo 4°, del Acuerdo de ADPIC, vinculado a las indicaciones geográficas.
La creación de obras artísticas con la intervención de un medio tecnológico que emula el pensamiento humano rompe los esquemas clásicos del derecho de autor y por ende, de la propiedad intelectual. El autor cita algunos ejemplos que operan como detonantes para reflexionar sobre la noción de autor y obra, la originalidad, los derechos morales, los plazos de protección, el plagio y la responsabilidad civil y penal derivada del plagio. Al final se analiza si es más conveniente aplicarles a estas obras un enfoque de protección más cercano al derecho de autor o si resulta más útil el enfoque del copyright.
Las obras en el dominio público permiten su libre uso por todos y en consecuencia, coadyuvan al aumento del acervo cultural. De ahí la relevancia de una adecuada regulación en torno a dicha figura. No obstante, existen diversas formas de apropiarse de esas obras o parte de ellas, revirtiéndose en favor de terceros derechos que se vuelven monopólicos. Una de esas formas de apropiación es el registro de marcas de obras en dominio público. La legislación cubana cuenta con las herramientas legales para denegar este tipo de solicitudes en aras de proteger el interés general.
El inventor independiente es un ser humano poco común, que encuentra su principal motivación para investigar en los problemas cotidianos. A menudo se enfrenta a la sociedad, al Estado y al empresariado, que suelen criticar y excluir sus propuestas. Este artículo pretende describir el corazón y la mente de esa persona, hombre o mujer, desmenuzar sus decisiones y analizar cómo éstas influyen en la generación de invenciones exitosas. Al final se incluye una propuesta holística denominada el “Qhapaq Ñan de la Innovación” o “Camino de la innovación” sugerida por Asociación Nacional de Inventores del Perú (ASONIP), la cual está dirigida a asesorar a los inventores peruanos en sus emprendimientos.
Varios países latinoamericanos como proveedores y usuarios de recursos genéticos son miembros del Protocolo de Nagoya. El conocimiento tradicional vinculado a los recursos genéticos fue uno de los principales propósitos de la negociación del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992 y el Protocolo de Nagoya de 2010. Este último proporciona un mecanismo a las partes para el acceso a los recursos genéticos y repartición de beneficios (ABS). En esta materia existe una interacción entre diferentes campos legales: derechos humanos, derechos culturales, protección de la propiedad intelectual ambiental y los derechos indígenas. Varias comunidades indígenas y locales son proveedoras de recursos genéticos. De conformidad con la Convención 169 y la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, así como las diferentes Constituciones de los países miembros, tales derechos están reconocidos, así como el derecho de consulta, como condición para obtener su consentimiento previo e informado. Sin embargo, los derechos de las comunidades indígenas y locales no se han tenido en cuenta correctamente y en muchos países, como en México, han afectado e interrumpido el proceso de implementación del Protocolo de Nagoya. Ha habido algún progreso en algunos otros países latinoamericanos, pero los derechos de las comunidades indígenas y locales siguen siendo un tema a considerar para poder concluir ese proceso.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar la regulación y la práctica de los contratos de acceso a recursos genéticos en Ecuador. Para el efecto se revisan las normas nacionales e internacionales que regulan la materia, la doctrina y algunos casos concretos. Al final el autor propone la aplicación de algunas estrategias que le facilitarían al Estado ecuatoriano ser más eficiente cuando negocia estos contratos y distribuir más equitativamente los beneficios monetarios y no monetarios resultantes.
La autora sostiene que algunas críticas al régimen de propiedad intelectual existente tienen sentido y que es pertinente pensar en ciertos cambios legislativos pues la historia opera como un péndulo: Siempre que se exagera con algo (en nuestro caso la protección excesiva), existe la tendencia a retornar al estado anterior (cero protección). Se propone acortar los plazos de protección del software, amparar las bases de datos mediante contratos y leyes contra la competencia desleal, verificar la legislación sobre marcas tridimensionales y en general, evitar el evergreening. Al fin y al cabo la propiedad intelectual, mirada en perspectiva, es sólo una ficción legal que, si bien sirve para reconocer e incentivar a los inventores y artistas para que creen más y mejores trabajos, también tiene como misión fundamental enriquecer la “piscina pública del conocimiento”.
Este artículo es el resultado de una investigación jurisprudencial que integra la totalidad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia en materia de derecho de imagen personal y la articula con otras ramas del derecho como el derecho de autor, la competencia desleal y el derecho de privacidad (datos personales). En el mismo se abordan temas como el concepto, alcance, contenido y limitaciones del derecho de imagen personal, al igual que los requisitos para que pueda autorizarse su uso por parte de terceros, inclusive cuando esto ocurre con posterioridad a la muerte de su titular.
El acceso a la justicia mediante el debido proceso es de vital importancia para garantizar el estado social de derecho y la actividad económica de un país. El Poder Judicial tiene la difícil tarea de administrar la justicia, fomentar el conocimiento de la ley y brindar la confianza y credibilidad a los justiciables, a través de un sistema eficiente, equitativo y accesible. Los métodos alternos de solución de controversias (MASC)1 y entre ellos la mediación, resultan indispensables para este cometido, puesto que sirven para aliviar la carga de trabajo de los juzgados, erigir nuevas posibilidades de negocio y resultan beneficiosos para lograr el fortalecimiento de la relación entre las partes. En lo que respecta a los delitos que atentan contra los derechos de propiedad intelectual, existe una tendencia generalizada a propiciar el uso de los MASC.
El presente trabajo analiza la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el delito contra la propiedad intelectual en el Ecuador. El mismo busca establecer si su tipificación, que gira únicamente en torno a los derechos de autor y las marcas de productos, tiene algún fundamento, ya que el tipo penal no fue originalmente incluido en el Código Orgánico Integral Penal –COIP– en el año 2014, sino que tuvo que ser incorporado mediante reforma en el año 2015.
